El empleo de la fuerza en actividades para hacer cumplir la ley

Los Estados se enfrentan a menudo a situaciones en las que sus funcionarios deben emplear la fuerza para mantener o restablecer la seguridad y el orden público en conflictos armados u otras situaciones de violencia. Las personas que ejercen facultades estatales, incluidas las fuerzas policiales y militares, pueden emplear la fuerza para hacer cumplir la ley. Este empleo de la fuerza se rige principalmente por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno, y debe estar estrictamente regulado por los Estados. En particular, los Estados deben garantizar que la legislación nacional se ajuste a sus obligaciones internacionales y sancionar a sus funcionarios si hacen un empleo excesivo o arbitrario de la fuerza.

Al llevar a cabo actividades para mantener o restablecer la seguridad y el orden público –es decir, actividades para hacer cumplir la ley–, los funcionarios del Estado pueden recurrir a diversas medidas, como el empleo de la fuerza en condiciones estrictas. El término "empleo de la fuerza" suele estar definido en la legislación nacional. No obstante, por lo general se entiende que implica cualquier coacción física impuesta a una persona, desde la restricción física o mecánica hasta el empleo de armas de fuego u otras armas. Solo puede recurrirse a la fuerza si otros medios han resultado ineficaces o no logran el resultado previsto. Esta es una consideración importante cuando se recurre a la fuerza letal o potencialmente letal, a fin de garantizar el respeto del derecho a la vida.

El empleo de la fuerza en actividades para hacer cumplir la ley se rige principalmente por el derecho internacional de los derechos humanos, aplicable tanto en tiempo de paz como en conflictos armados, por el derecho interno y por determinadas disposiciones del DIH en tiempo de conflicto armado.

El derecho más importante en relación con el empleo de la fuerza en actividades para hacer cumplir la ley es el derecho a la vida, que no puede suspenderse.

En la mayoría de los tratados de derechos humanos, lo que se prohíbe es toda privación de la vida que sea "arbitraria", es decir, que no se ajuste a las reglas y normas internacionales relativas al derecho a la vida o a la legislación nacional en ese sentido. Es decir que hay circunstancias en las que está autorizado el empleo de fuerza letal o potencialmente letal por parte de funcionarios del Estado. Dependiendo de las circunstancias, otros derechos y prohibiciones pueden verse afectados por el empleo de la fuerza contra las personas, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a celebrar reuniones pacíficas.

El Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (CCLEO) de 1979 y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (PBEFF) de 1990 brindan más orientaciones sobre el empleo de la fuerza en las actividades para hacer cumplir la ley.